El Gobierno estadounidense presenta la privatización del sector energético como paso previo a la transición democrática
La Casa Blanca situó el acuerdo petrolero anunciado el 31 de agosto de 2026 dentro de un plan más amplio de tres etapas para Venezuela: estabilización, reconstrucción y transición democrática. Según el documento oficial, el crecimiento de la producción y la inversión liderados por el sector privado constituyen una condición previa para impulsar las reformas y la apertura política tras la Operación Resolución Absoluta.
El instrumento de esa estrategia es North American Blue Energy Partners (NABEP), que recibió concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros con reservas probadas cercanas a los 65.000 millones de barriles y proyecta invertir hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura dentro del país.
Las concesiones operan bajo la nueva ley de hidrocarburos venezolana, adoptada con apoyo estadounidense, que la Casa Blanca describe como una modernización histórica orientada a la privatización y el desarrollo de un sector golpeado por años de subinversión y mala gestión. Bajo ese marco, NABEP aportará unos 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.
Para Estados Unidos, el acuerdo —firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth— significa el control mayoritario de esas reservas, una participación del 35% en la matriz de NABEP para el Departamento de Guerra, el derecho a comprar a costo el 20% de la producción y la primera opción sobre el 80% restante, con gobernanza sujeta a la ley y los tribunales estadounidenses.
